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El mismo día en que Cristina Kirchner anunció que vetaba la ley del 82% móvil para los jubilados por la supuesta incapacidad de la Anses para financiar los aumentos, el jefe de Gabinete tomó recursos previsionales para financiar el Servicio Penitenciario Federal y la Caja de Retiros de la Policía Federal. En total fueron 247,2 millones de pesos. Los aumentos de gastos autorizados para la Anses fueron de 1008,11 millones de pesos. El resto fueron aumentos de asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo y de prestaciones complementarias de las jubilaciones.
La norma que dispuso la captura de los recursos previsionales para fines distintos fue la decisión administrativa 730. Fue la utilización de los superpoderes presupuestarios que tiene Aníbal Fernández, que le permiten aumentar el gasto y cambiar el destino de los recursos sin tener que someterse a las decisiones del Congreso.
El Ejecutivo aumentó en casi 5800 millones el gasto total. En parte autorizando a las jurisdicciones a que gasten recursos propios que han recaudado por encima de lo previsto. Pero en esa autorización se les captura el 30% como aporte al Tesoro. A la Anses se la autorizó a gastar, como se explicó, más de 1000 millones de pesos más de lo originalmente previsto.
Lo curioso es que 247,2 millones de pesos fueron a financiar el déficit de la caja de retiros de la Policía Federal, que tiene un sistema propio y diferenciado del de la Anses. Lo mismo ocurre con el Sistema Penitenciario Federal, ya que la transferencia es para pagar jubilaciones y retiros de esa jurisdicción.
La sospecha de que la Anses financia al Tesoro parece confirmarse al ver que se echa mano de los fondos previsionales para darles otro destino. Y quien financie el déficit de esas jurisdicciones debería ser precisamente el Tesoro.
Parte de los argumentos de la oposición para impulsar la ley del 82% móvil para los jubilados era precisamente que se están utilizando para otros fines los fondos que legalmente están asignados a la previsión social. Al mismo tiempo que pasó fondos de la Anses para la Caja de Retiros de la Policía Federal, el Gobierno también autorizó otras modificaciones.
A la Policía Federal le concedió mayores partidas por 58 millones de pesos para pagar salarios. Pero extrañamente recortó recursos para abonar asignaciones familiares, servicios extraordinarios y aguinaldos. Y también redujo en 10,6 millones de pesos el financiamiento del Tesoro para la obra social policial y en 22,8 millones los montos para formación y capacitación. Y, además, bajó en 24,6 millones de pesos las partidas para las llamadas "actividades centrales". Es decir, el Tesoro no puso un centavo más para la jurisdicción, ya que lo que aumentó para un destino lo redujo para otro. No ocurrió lo mismo cuando los recursos los aportó la Anses.
La oposición denuncia también que se ha obligado a la administradora de los fondos jubilatorios no sólo a tomar títulos de deuda nacionales, sino a seguir refinanciándolos aumentando los plazos, de manera que se produciría un daño patrimonial.
La decisión administrativa 730 aumentó las partidas para subsidiar los servicios públicos de transporte, electricidad y gas. Y también aumentó en 190 millones de pesos los aportes para Aerolíneas Argentinas, en casi 400 millones los destinados a Enarsa y en 20 millones los destinados a la construcción de la controvertida central termoeléctrica de Río Turbio.
Incluso con esta modificación se transparentó la aparición de la Asignación Universal por Hijo, que fue instrumentada el año último por decreto de necesidad y urgencia y que, sorprendentemente, no estaba incluida en el presupuesto 2010.
Como la recaudación impositiva actual es muy superior a las previsiones contenidas en el presupuesto y el jefe de Gabinete no tiene poderes suficientes para autorizar su gasto, se espera un decreto de necesidad y urgencia que sincere las cuentas antes de fines de año.
Para no correr riesgos de un rechazo en el Congreso es altamente probable que la presidenta Cristina Kirchner, tal como hizo en 2009, lo emita muy cerca del final o luego de que terminen las sesiones ordinarias.
Por ahora, algunos incrementos de partidas han sido justificados con cosmética contable, haciendo recortes en partidas o inversiones financieras, que luego serán vueltos a modificar con el decreto que, se descuenta, llegará.
Por Jorge Oviedo para Diario La Nacion
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1316972
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